Llamarla adelanto, vestirla de complemento o dividir las del próximo año son
algunas de las fórmulas que han utilizado gobiernos autonómicos y ayuntamientos
para no dejar a sus funcionarios sin paga extra en Navidad. En prácticamente todos
los casos, el abono llegará en enero en lugar de hacerlo en diciembre. En
otros, la extra llegará menguada, pero en todos ha sido una decisión política,
contraria a la medida del Gobierno de Mariano Rajoy y con el fin de no hacer
perder poder adquisitivo a los empleados públicos. Y de todos los colores, ya
que las medidas han sido adoptadas por administraciones gobernadas por
socialistas, nacionalistas, regionalistas o incluso el PP.
Más de 80.000 funcionarios, de momento, han recibido o recibirán una cantidad
extra. Pero a estos pueden sumarse otros muchos dependientes de ayuntamientos
que han optado por adoptar medidas voluntarias para que sea cada trabajador el
que decida si cobra un adelanto, sobre todo, ante la incertidumbre de hasta
dónde puede llegar el Gobierno a la hora de tomar medidas contra quienes no
acaten la supresión de la paga extraordinaria.
El Ejecutivo no se ha cansado de advertir que
actuará contra cualquier “subterfugio” pero el caso es que no parece haber
encontrado todas las fórmulas legales para hacer cumplir, sin argucias, su
decreto. Sí lo hizo con el País Vasco, que alegó el cumplimiento de su Ley de
presupuestos en la que se recoge el abono de 14 pagas. El Gobierno ha
presentado un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, con lo
que el pago ha sido suspendido. Ese ha sido el único territorio en el que, de
momento, Rajoy ha conseguido atajar la insumisión a su decisión. Sin embargo,
tal como señaló la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánez de Santamaría, los
servicios jurídicos del Estado “analizan todos los acuerdos de las distintas
corporaciones locales y territoriales que puedan suponer un incumplimiento de
la ley para utilizar, en su caso, la vía contencioso administrativo oportuna”.
Sin embargo, el principal “problema” del Gobierno es que la argucia
utilizada por comunidades como Extremadura (48.000 funcionarios) y Navarra
(25.000) cumplen la prohibición de no pagar la extra en diciembre, ya que
únicamente adelantan a enero la paga prevista para junio de 2013. De esta
manera, el gasto no se efectúa en 2012 sino que se computa en 2013 y se evita
que los funcionarios se queden sin un dinero de más que no podrán gastar en Navidad
pero sí en Reyes.
Además de estas dos comunidades autónomas, el Ayuntamiento de Fuenlabrada
(1.500 funcionarios) ha decidido que todos sus funcionarios cobren por la vía
del adelanto esta extra “camuflada”.
A la misma fórmula han recurrido otros grandes consistorios como Barcelona
(10.000 empleados públicos), Bilbao (2.200), Getafe (860) o Vitoria (2.500)
pero, en estos casos, la adhesión al cobro anticipado ha sido voluntaria y en
el porcentaje que cada empleado ha querido. En Barcelona, por ejemplo, aún no
ha concluido el plazo para que sus cerca de 10.000 empleados decidan acogerse o
no a la medida, en Bilbao, el 75% de los cerca de 2.200 funcionarios cobrará la
extra adelantada y en Vitoria solo 482 han decidido que se les abone el
adelanto de la paga de junio en enero.
Pero el adelanto no ha sido la única vía utilizada. El Ayuntamiento de
Pontevedra (500 funcionarios) ha utilizado otra argucia. La decisión de no
dejar a los funcionarios sin extra se tomó hace meses. Y el consistorio ideó
una fórmula y el pago de un “complemento de productividad” que en el
ayuntamiento no existía hasta ahora. Este se podía percibir trabajando unas
horas extras y corresponde al 85% de la paga navideña. La mayoría de los cerca
de 500 empleados que se acogieron a esta opción y a mediados de noviembre ya
cobraron este plus. Otra opción, como plantea el Ayuntamiento de Úbeda (190),
es la división, en tres, de las pagas previstas para 2013 con lo que los
funcionarios que lo deseen cobrarán un porcentaje en enero, otro en junio y
otro en diciembre.
En Tortosa se anticipará una paga de productividad que hasta ahora se
abonaba entre abril y mayo y en Roses se ofrece un adelanto que se ha de
devolver.
Aunque aún no se ha ejecutado, hay ayuntamientos que han estudiado la
aplicación de otra vía, que es el abono de la parte proporcional de la paga
extra hasta el 15 de julio en que entró en vigor el Real Decreto de Rajoy. Fue
el caso del Ayuntamiento de Benidorm (720 funcionarios) que la semana pasada se
echó atrás después de recibir un escrito en el que, según la concejal de
Recursos Humanos, Natalia Guijarro, “amenazaba a los funcionarios de
responsabilizarlos directamente de nuestras decisiones políticas”.
El Gobierno ha remitido a todos los ayuntamientos, a través de las
delegaciones de Gobierno, un escrito en el que exige que se remitan las
certificaciones de los acuerdos de no disponibilidad de los créditos previstos
para el pago de la extra y la certificación de los conceptos retributivos
incluidos en la nómina de diciembre. Tanto el adelanto de la extra de junio
como la utilización de un complemento por otro concepto permiten el
cumplimiento de estos dos requisitos. Posteriormente ha remitido otro en el que
advierte que se observará el cumplimiento de las normas y “cualquier
desvirtuación de la efectividad de la medida”.
Algunas Diputaciones han optado por pagar la extra. En el caso de Guipúzcoa
se ha realizado a través de un complemento pero también otras Diputaciones,
como la de Sevilla efectuará el pago. El caso es que el decreto del Gobierno
hace referencia a las corporaciones locales y el sindicato mayoritario de
funcionarios, el CSIF, interpreta que ni estos ni los de los parlamentos
autonómicos, así como los del Congreso y el Senado están sujetos a la medida
del Gobierno. Aún así, en muchos casos se ha optado por equipararlos al resto
de empleados públicos y no cobrarán la extra.
“Somos rebeldes e insumisos”
La planificación de los pagos que se hacen los funcionarios al empezar el
año y, sobre todo, la consecuencia que el cobro de la extra tiene para el
comercio han sido los argumentos que, sobre todo los alcaldes, han esgrimido
para abonar la paga suprimida y prohibida por Mariano Rajoy. En cualquier caso,
se trata de una decisión política y, en casos como el del alcalde de
Pontevedra, Miguel Anxo Fernández (BNG), una muestra evidente de “nuestra
oposición a las medidas del Gobierno”. “Sí, somos rebeldes e insumisos”, alega
“pero en el comercio local tiene una gran repercusión, no podíamos dejarles sin
esta parte de su salario y lo hemos hecho bordeando la legalidad”.
“Hemos sido sensibles a las necesidades de los trabajadores que planifican
su economía”, apunta el concejal de Hacienda de Fuenlabrada, Pedro Martín
(PSOE), quien asegura que el consistorio respeta el imperativo legal impuesto
por el decreto del Gobierno. “Es una injusticia”, alega la concejal de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Benidorm, Natalia Guijarro (PSOE).
Con la vía del adelanto, algunos funcionarios dudan sobre qué pasará en
diciembre de 2013. En el caso de Barcelona (CiU), la medida aprobada señala que
los adelantos se efectuarán también para esa paga, con lo que el próximo
diciembre cobrarán la de junio de 2014 y así sucesivamente. De esta manera,
además se adelantan a la posibilidad de que el año que viene se supriman
también las extras de los funcionarios. “Quizá quede una paga en el limbo pero
en el momento en el que ocurra decidiremos cómo lo solucionamos”, afirman
fuentes del consistorio.