El Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero
recibió un Informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre
el Anteproyecto de “Ley para la racionalización y la sostenibilidad de la
Administración Local”. En dicho informe se establecen las líneas principales de
lo que supone en la práctica la demolición del modelo de gestión pública que se
inició en España con los Ayuntamientos democráticos desde 1.979, y que ha
supuesto un avance en el desarrollo del país desde el impulso dado en el ámbito
municipal.
La Reforma de la Ley de Bases de Régimen Locales
presenta una excusa económica y tiene como justificación el artículo 135 de la
CE de Estabilidad Presupuestaria, modificado por PP Y PSOE en 2011. Sin
embargo, es evidente el componente ideológico que inspira la reforma y que
apuesta por el adelgazamiento del Estado, sacrificando el beneficio y la
rentabilidad social que suponen los servicios públicos, sin tener en cuenta el
coste democrático que esta ley vaya a tener.
Se pretende clarificar las competencias municipales,
cuando en Andalucía, su Estatuto de Autonomía y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, han definido las competencias propias de
los municipios, en una suerte de segunda descentralización con un sentido
profundamente municipalista. Estatuto que forma parte del bloque Constitucional
al tratarse de ley Orgánica por lo que nos parece en principio injustificada
dicha pretensión.
La “reforma” contempla un nuevo sistema de
competencias locales y una regulación de las actividades económicas, que mucho
nos tememos dejará a una gran mayoría de nuestros municipios sin poder abordar
una serie de servicios públicos. Estas competencias, mal llamadas impropias, se
limitan y prohíben en los borradores del anteproyecto, causando la demolición
de la Administración más cercana al ciudadano lo que, en definitiva, hará
ciudadanos de segunda a quienes no tengan la suerte de vivir en grandes
ciudades
Más que eliminar duplicidades y competencias
impropias, se eliminan competencias en aspectos socialmente tan relevantes como
educación, salud o servicios sociales, para trasladarlas a las Comunidades Autónomas
sin su correspondiente financiación. El argumento es el del ahorro de millones
de euros por al acabar con dichas duplicidades, cuando lo que se va a conseguir
es el desmantelamiento de servicios y la reducción a la mínima expresión de la
administración local acabando con su autonomía en un claro tutelaje por otra
administración.
En esta reforma, está el objetivo declarado de
favorecer la iniciativa económica privada, es decir, privatizar los servicios
públicos, atacando claramente a la voluntad general que, con la Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, reforzó el municipalismo, con la definición de competencias propias
de los municipios en su artículo 92. No hay que olvidar que estos servicios son
prestados por empleados públicos que garantizan el acceso a ellos en igualdad
de condiciones para todos los ciudadanos. Tales puestos de trabajo
desaparecerían, cifrando algunas fuentes en más de cuarenta mil los que se
verían afectados, sobre todo de personal laboral. Desempleo que se uniría al ya
existente en nuestro municipio, que afecta actualmente a más de 500 vecinos de
Casares.
En resumen, la reforma que pretende el Anteproyecto
provoca:
1) Pérdida de competencias de los Ayuntamientos.
2) Intervención de Ayuntamientos de menos de 5.000
habitantes en caso de incumplir con los principios de estabilidad
presupuestaria y pérdida de competencias entre los de 5.000 y 20.000 habitantes en favor de las
Diputaciones.
3) Centralización del personal funcionario con
habilitación nacional.
4) Pérdida de puestos de trabajo en la Administración
Local, sobre todo del personal laboral.
5) Privatización de los servicios públicos y
desmantelamiento de la Administración Local.
6) Supresión, entre otras, de las competencias en
promoción de viviendas, servicios sociales, educación o medio ambiente.
7) Pérdida de autonomía local.
8) Incapacidad de los Ayuntamientos para la dinamización
de la economía local.
9) Establecimiento de indicadores de calidad puramente
financieros, impuestos por el gobierno, tasando el precio de los servicios sin
atender criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos
humanos básicos.
10)
Establecimiento
unilateral de estándares de excelencia de los servicios sin que se participe en
su elaboración.
Por todo lo cual, solicitamos de su
grupo municipal eleve al Ayuntamiento Pleno los siguientes
ACUERDOS
Primero.- El
Ayuntamiento de Casares (Málaga) muestra su rechazo total a toda reforma de la
administración local que suponga un deterioro del papel de los Ayuntamientos en
el ejercicio de las funciones establecidas por el Estatuto de Autonomía para
Andalucía, y de intento de recentralización del modelo de Administración Local.
Segundo.- Instar al
Gobierno de la Junta de Andalucía a defender firmemente las competencias que le
otorga el Estatuto en materia de régimen local y expresar el apoyo explícito
del Ayuntamiento de Casares en todas
aquellas medidas necesarias para ejercer esta defensa.
Tercero.- Instar al Gobierno a la elaboración de un nuevo marco
de financiación para el mundo local, más justo, más eficaz y más eficiente al
servicio de las políticas locales.
Cuarto.- Reclamar al gobierno central retire la propuesta de
anteproyecto de ley, que invade y vulnera las competencias de los entes locales
y que, por el contrario, cumpla con el pago de las aportaciones económicas
establecidas en las diferentes Leyes, reglamentos y sentencias que afectan al
desarrollo de las competencias de los entes locales, especialmente, en materia
social y educativa.
Quinto.- El Ayuntamiento de Casares se compromete y garantiza
la continuidad de los servicios públicos que actualmente presta y su empleo.
Sexto.- Comunicar estos acuerdos al Gobierno de España, al
Gobierno de la Junta de Andalucía, y a los grupos parlamentarios del Parlamento
Andaluz y del Congreso de Diputados.
Septimo.- Publicar dicho acuerdo en
los medios de comunicación locales y nacional
